¿Conoce usted de alguna persona, grupo de personas o compañía que está defraudando al gobierno federal?
Si su respuesta es en la afirmativa, conozca que existe un procedimiento establecido por ley federal mediante el cual, de forma completamente segura y confiable, usted puede entregar la información al gobierno federal de manera que ellos completen su investigación, puedan detener el acto y hacer que los violadores respondan, mientras usted es compensado por su valentía al haber asistido a que el gobierno conozca de las violaciones de ley y reduzca sus pérdidas. En ocasiones, las compensaciones que reciben las personas que asisten en este proceso son cantidades multimillonarias.
También, bajo el “False Claims Act”, un ciudadano privado puede radicar una demanda para detener los actos ilegales. Bajo dicha reclamación, el gobierno federal puede ser compensado por dichos actos en una cantidad que es tres (3) veces la cantidad del fraude, mientras usted recibirá un pago que varía entre el 15%-30% de la cantidad que se condene en la sentencia.
Algunos de estos casos se dan cuando un empleado descubre que su patrono o alguna empresa que hace negocios con el gobierno federal está incurriendo en algún patrón de fraude en su facturación u otros aspectos del contrato. Bajo ese escenario, el empleado no solo tendrá derecho a la compensación antes mencionada, sino que también tiene unas protecciones adicionales de ley, como que no puede ser discriminado en el empleo por razón de haber revelado la información y no puede ser objeto de represalias, entre otras garantías.
Las áreas donde con más frecuencia se ve el fraude a nivel del gobierno federal son las siguientes:
- Fraude con recursos destinados a la protección ambiental.
- Fraude al seguro de agricultores.
- Fraude de contratistas del gobierno federal.
- Fraude en áreas de aduanas.
- Fraude al programa de préstamos estudiantiles.
- Fraude en obras de construcción.
- Fraude con fondos de la “General Services Administration” (“GSA”).
- Fraude al Servicio de Correo Federal.
Todas estas reclamaciones son sometidas al gobierno federal de forma confidencial y no se le revela su información ni al público ni al acusado.
Anualmente el gobierno federal recupera una cantidad estimada de tres billones de dólares por este tipo de reclamación, de los cuales un 15%-30% se le paga al ciudadano que identificó la situación y la trajo a la atención de las autoridades. En Puerto Rico, lamentablemente, hemos visto como la corrupción ocurre de forma continua a nivel federal y también a manos de contratistas o proveedores de servicios al gobierno federal, como ha ocurrido con los servicios a Medicare, reclamaciones a seguros y de otro tipo.
Si usted conoce de algún acto de fraude al gobierno federal, llámenos para una consulta completamente confidencial en la cual podremos evaluar la situación y orientarle sobre la configuración de frauda a base de las diversas leyes federales que puedan aplicar y como usted puede presentar una reclamación que le permita ser compensado.
Recuerde, que el costo del fraude y la corrupción, lo pagamos todos con los impuestos que pagamos y los aumentos frecuentes de los mismos para continuar sufragando la operación gubernamental, que, en ocasiones, su gestión solo beneficia a unos pequeños grupos privilegiados.
